(AFP) – 08/02/2011
MÉXICO — Tres familiares de una activista por los derechos humanos asesinada en el norte de México en enero de 2010 fueron secuestrados a las afueras de Ciudad Juárez (norte), informó el martes la organización Aministía Internacional (AI).
El lunes, dos hermanos y una cuñada de la activista Josefina Reyes "fueron secuestrados en el Valle de Juárez", denunció AI en un comunicado difundido en México y en el que alerta de que "sus vidas y las de sus familias están en riesgo".
Los hermanos de Reyes que fueron secuestrados son Malena y Elías, además de la esposa de éste, Luisa Ornelas, detalló el documento.
El secuestro ocurrió cuando las víctimas viajaban en una camioneta, la cual fue detenida por hombres armados. Las dos mujeres y el hombre fueron obligados a bajar del vehículo y llevados a un lugar desconocido, mientras que Sara Salazar, madre de los hermanos Reyes, y la hija del matrimonio secuestrado lograron salir a salvo.
Josefina Reyes, quien promovía protestas en contra de los presuntos abusos por parte de militares en Ciudad Juárez, fue asesinada el 3 de enero de 2010. En agosto del mismo año, otro hermano de la activista, Raúl, también fue ejecutado. Ambos crímenes no han sido esclarecidos.
En Ciudad Juárez, considerada la localidad más violenta de México como resultado de las pugnas entre cárteles de las drogas, han sido asesinadas en el los últimos dos meses dos mujeres que iniciaron campañas por los derechos humanos y la justicia.
El 16 de diciembre, fue asesinada a balazos Marisela Escobedo cuando exigía, fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, que se castigara a los autores del asesinato de su hija, dejados en libertad por tres jueces.
El 6 de enero, el cuerpo sin vida de la poetisa y defensora de los derechos humanos Susana Chávez fue encontrado en Ciudad Juárez.
Por otro lado, tres mexicanos y 44 guatemaltecos que estaban secuestrados en el estado mexicano de Tamaulipas (noreste), cerca de donde el año pasado masacraron a 72 inmigrantes, fueron liberados el lunes, dijo un funcionario de la secretaría de la Defensa el martes a la AFP.
"Realizábamos un operativo de reconocimiento (...) cuando observamos a los ocupantes de dos vehículos en actitud sospechosa y al investigar, logramos dar con las personas que se encontraban secuestradas", explicó un oficial de la secretaría de la Defensa que pidió el anonimato.
El operativo se efectuó en Reynosa, fronteriza con Estados Unidos y ubicada a 147 kilómetros de San Fernando, una comunidad de Tamaulipas donde a finales de agosto fueron asesinados 72 indocumentados presuntamente por el cártel de Los Zetas.
Uno de los supervivientes de la masacre declaró a las autoridades mexicanas que los narcotraficantes los secuestraron cuando se dirigían a Estados Unidos y al no obtener el dinero de sus rescates, intentaron obligarlos a integrarse al cártel. Al negarse, fueron tiroteados y algunos también sufrieron torturas.
El estado de Tamaulipas ha resultado severamente afectado por las pugnas entre narcotraficantes, quienes amplían sus fuentes de financiamiento con secuestros y extorsiones, entre otros delitos, según las autoridades.
En Tamaulipas, la violencia se ha recrudecido desde 2009, cuando el cártel del Golfo se separó de su brazo armado Los Zetas.
El presidente de México, Felipe Calderón, afirmó el martes que la lucha contra el crimen organizado, que deja miles de muertos cada año en el país, no justifica que las fuerzas de seguridad cometan delitos contra los derechos humanos. "No existe justificación para que, al cumplir con la obligación de garantizar la seguridad pública, se violen los derechos humanos", recalcó Calderón al recibir el informe anual de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), equivalente a la oficina del 'ombudsman'.
Sin embargo, el mandatario subrayó que son los grupos del crimen organizado los que representan "si bien no la única, sí la principal amenaza a los derechos humanos en nuestro país".
En la última semana, organismos internacionales han cuestionado a las autoridades mexicanas por casos relacionados con la lucha contra el narcotráfico. En un informe publicado el lunes, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU solicitó a México una rendición de cuentas sobre la participación de menores en la llamada 'guerra del narco'.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció el jueves que militares y policías mexicanos están implicados en al menos ocho asesinatos y una decena de desapariciones en el estado de Nuevo León (noreste) en 2010.
El titular de la CNDH, Raúl Plascencia, refirió en su informe que el año pasado abrió 6.916 expedientes por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Tres de las cuatro dependencias más señaladas en las quejas son responsables de garantizar la seguridad: la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Seguridad Pública -responsable de la policía-, y la Fiscalía federal.
Entre las principales violaciones hechas por las autoridades -que la CNDH considera haber probado- hubo 24 de "trato cruel o inhumano", 21 de "detención arbitraria" y 11 de "tortura", de acuerdo con el informe del organismo.
Unos 50.000 militares y miles de policías están desplegados en el marco del operativo antidrogas lanzado por el gobierno de México en diciembre de 2006. Desde el inicio de las operaciones han muerto más de 34.200 personas, la mayoría en disputas entre las organizaciones narcotraficantes, de acuerdo con el gobierno.
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