Cada 19 de febrero se celebra el Día del Ejército Mexicano, pero este 2011 la conmemoración tiene varios matices que deben ser comentados para conocer mejor el papel de las fuerzas militares en el país.
Recientemente, el gobierno federal lanzó la campaña “La Gran Fuerza de México”, donde la Secretaría de la Defensa busca acercarse a la ciudadanía y mejorar su imagen después de las innumerables denuncias en su contra por la violación de los derechos humanos en varios estados del país.
En la encuesta de Consulta Mitofsky de febrero de 2010, la confianza de los mexicanos en las fuerzas castrenses se posicionaba en el tercer lugar con 7.6%, detrás de las universidades y la Iglesia.
Pese a estas cifras, la celebración de este sábado se verá empañada por el intenso debate en el Poder Legislativo, donde se pretende hacer modificaciones a la ley y los soldados puedan ser juzgados por un tribunal civil y no militar.
Desde su llegada a la Presidencia en 2006, el presidente Felipe Calderón inició una guerra contra los cárteles del narcotráfico y para eso ordenó la salida de los soldados de los cuarteles y hacer funciones policíacas; decisión que actualmente acumula 35,000 muertos entre delincuentes, autoridades, funcionarios y civiles.
Según la fracción VI del artículo 89 Constitucional en el apartado “De las fuerzas militares mexicanas y su mandato”, el Ejecutivo Federal tiene en su mandato “preservar la seguridad nacional en los términos de la Ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.
Además, en 2009, el presidente Calderón envió una propuesta al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el objetivo de regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado.
La iniciativa del Ejecutivo propone introducir una figura legal definida como una "declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior" para ser aplicada en situaciones que pongan en grave riesgo el orden público.
En el quinto año del presente sexenio, organizaciones como Amnistía Internacional, dieron a conocer el creciente número de abusos a manos del Ejército sobre la población civil.
En su informe “México, nuevos informes de violaciones de Derechos Humanos a manos del Ejército”, se hace referencia a las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se señala que en 2006 se recibieron 182 quejas, en 2007 sumaron 367 quejas, en 2008 aumentó a 1,230 denuncias y durante los seis primeros meses de 2009 la cifra ya ascendía a 559.
Por su parte, Human Rights Watch denunció que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en su lucha contra el crimen organizado siguen incrementando con índices "muy graves" de impunidad.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de dicha organización, informó que en el sexenio de Calderón se han acumulado más de 4,000 denuncias ante la CNDH.
Lamentablemente, "el sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables, y su funcionamiento se caracteriza por una falta general de transparencia", dijo Vivanco.
Hasta noviembre pasado, la CNDH emitió 70 recomendaciones por violación de garantías y adelantó que al término del 2010, hubo un incremento de entre 15 o 20% más que en el 2009, principalmente en temas de salud y seguridad pública.
El ombudsman nacional, Raúl González Plascencia, informó que la situación más critica de violaciones de derechos humanos ocurre en Ciudad Juárez en Chihuahua y en las ciudades Reynosa, Ciudad Mier, Nuevo Laredo y Matamoros en Tamaulipas.
Pese a que las leyes y normas internacionales de derechos humanos exigen que los informes de violaciones sean investigados sin demora y de forma exhaustiva, el artículo 13 de la Constitución mexicana excluye expresamente la aplicación de la jurisdicción militar en los casos en que estén implicados civiles.
Sin embargo, el artículo 57 del Código de Justicia Militar define como delitos contra la disciplina militar los “cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Esta ley y su posterior interpretación por los tribunales federales ha hecho que las denuncias de violaciones de derechos humanos perpetradas por el Ejército estén casi siempre sujetas a la jurisdicción militar.
EL EMBLEMÁTICO CASO ALMANZA SALAZAR
En abril de 2010, dos niños, uno de cinco y otro de nueve años, murieron tras una agresión de soldado en un retén militar cuando viajaban con su familia a Matamoros, Tamaulipas.
En abril de 2010, dos niños, uno de cinco y otro de nueve años, murieron tras una agresión de soldado en un retén militar cuando viajaban con su familia a Matamoros, Tamaulipas.
Según los afectados, todo inició cuando pasaron un retén militar, mientras viajaban con toda la familia a bordo de una camioneta. Al ver a los soldados a un costado de la carretera, el conductor, Carlos Alfredo Rangel, bajó la velocidad. Tras pasar el retén, les empezaron a disparar sin motivo. Bryan y Martín Almanza Salazar murieron el sábado 3 de abril.
Los niños viajaban con sus padres, Martín Almanza Rodríguez quien resultó herido y Cynthia Salazar Castillo, además de sus hermanos, Lucero Michel de 10, Jennifer de 8 y Yesenia de 3 años. Todos iban de día de campo rumbo a la playa de Matamoros.
Días después, la Sedena, en voz del procurador general de Justicia Militar, José Luis Chávez García, dio a conocer una versión totalmente diferente e informó que el deceso de ambos se debió al enfrentamiento entre el Ejército y sicarios.
El procurador militar reveló que el ataque a la camioneta en la que viajaban los dos niños, se realizó con granadas calibre 40 milímetros y que fueron esquirlas de este tipo de armas las que hirieron y causaron la muerte de los infantes.
Este tipo de armamento, concluyó el procurador, no corresponde a las granadas usadas por el Ejército, además de que el personal militar que ese día participó en los hechos no contaba con esas armas.
Los padres de los niños fallecidos rechazaron categóricamente esa versión, subrayando que fueron balazos, no esquirlas de una granada, los que provocaron los fallecimientos, y que no tuvo lugar ningún fuego cruzado entre Ejército y delincuentes.
El caso de Bryan y Martín es uno de los tres que son documentados a través de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores en los conflictos armados, denominado “Infancia y Conflicto Armado en México".
Bryan y Martín Almanza Salazar son parte de los 994 niños muertos en la lucha contra el narcotráfico encabezada por el presidente Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el procurador general, Arturo Chávez y los titulares de la Marina, Francisco Saynes y de la Defensa, Guillermo Galván.
En diciembre de 2010, Guillermo Galván Galván, titular de la Sedena, aseguró que el Ejército seguirá en la guerra contra el narcotráfico entre 7 y 10 años, según publicó The New York Times mediante un cable informativo al que tuvo acceso el medio electrónicoanimalpolitico.com
El cable 09MEXICO3077 da cuenta de una reunión entre Galván y el Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Dennis Blair, el 19 de octubre de 2009, previo a un encuentro con el presidente Felipe Calderón y el gabinete de Seguridad, la cual se centró en el rol de los militares en la guerra contra el narcotráfico.
